El diputado porteño Facundo Del Gaiso formalizó una denuncia penal contra el líder sindical Pablo Moyano, acusándolo de extorsión en el marco del conflicto por la licitación de grúas. La protesta de los recolectores de residuos dejó las calles de la Ciudad inundadas de basura y desencadenó la intervención judicial del caso.
El diputado de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso presentó una denuncia penal contra Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros, por extorsión. Esta denuncia surge a raíz del conflicto relacionado con la licitación del servicio de grúas en la Ciudad de Buenos Aires, que culminó en una protesta de recolectores de residuos que inundó la ciudad con basura.
Del Gaiso, en sus declaraciones, expresó su descontento con los métodos utilizados por el sindicato y acusó a los Moyano de chantajes. Según el legislador, la denuncia ha sido trasladada al Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. “Mi denuncia penal por extorsión contra el clan Moyano cayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Las calles de la Ciudad aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, afirmó Del Gaiso en sus redes sociales.
Además, Del Gaiso destacó que la protesta de los trabajadores de Camioneros estaba vinculada a la licitación de grúas que el gobierno porteño había cancelado. El legislador detalló: “¿Qué tiene que ver la licitación de grúas con que los porteños suframos la extorsión de Moyano? En el año 2022 se cae el sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires porque en la legislatura se arma una sesión especial, faltaba el voto de la CC, Carrió determina que había que ir a votar para que se caiga el sistema irregular de 20 o 25 años, y que pagaban 55 mil pesos por mes hasta el 2022. Como eso se iba a caer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determina estatizar el servicio en 24 horas”.
En este contexto, la denuncia de Del Gaiso argumenta que la medida de fuerza emprendida por el sindicato no tenía otro objetivo que intimidar y extorsionar a las autoridades locales, poniendo en riesgo la seguridad y salubridad de los habitantes de la ciudad. “Que la amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”, enfatizó el legislador.
Asimismo, Del Gaiso sugirió que la protesta tenía como finalidad obtener la firma del jefe de Gobierno, Jorge Macri, para adjudicar la licitación pública a las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., que tienen vínculos públicos con el sindicato de Camioneros.
El gobierno porteño, tras la protesta que dejó las calles de Buenos Aires colapsadas con residuos, decidió cancelar las preadjudicaciones del servicio de grúas y mantener su gestión bajo la responsabilidad del Estado municipal. “La decisión de dar de baja la preadjudicación se tomó ya que resultaba muy onerosa para la Ciudad y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años. Esa preadjudicación implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares. Además se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”, detalló Jorge Macri en un comunicado.
Por su parte, Macri anunció que el servicio sería gestionado directamente por la Ciudad, reduciendo significativamente los costos en comparación con el contrato propuesto. “Ahora, este servicio lo continuará prestando la Ciudad con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en ese proceso licitatorio”, afirmó el jefe de Gobierno.
En julio de 2022, la Ciudad había terminado con el antiguo sistema de acarreo que estaba en vigor desde principios de los 90 y convocó a una nueva licitación. A principios de diciembre de 2023, durante la administración saliente, se había preadjudicado el sistema de grúas y acarreo a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario.
Finalmente, después de la protesta y la cancelación de la preadjudicación, se llevaron a cabo negociaciones reservadas que resultaron en un acuerdo para restablecer el servicio de recolección de residuos. Aunque la situación se estabilizó temporalmente, la tregua sigue siendo frágil y el conflicto permanece latente.
