Una mujer de 47 años, denunció por 15 años a su ex marido, Luis Palavecino, pero como nadie le dio una solución, ahora el estado deberá indemnizarla.
Olga Díaz, que tiene 4 hijos, que viene denunciando a su ex marido desde 2002, momento en que decidió separarse, aunque este se negó, ejerciendo violencia física.
A través de años, Díaz y sus hijas recibieron de Luis Palavecino, golpes, amenazas de muerte y la destrucción de su hogar. Pero además, la mujer sufrió violencia institucional, ya que ni la policía, ni el Poder Judicial la “escucharon”, por lo que el resultado fue maltrato también de parte de estas instituciones del estado.
Las primeras denuncias realizadas por Olga Díaz prescribieron en el año 2017, por lo que ella tomó la decisión de volver a denunciar a su ex esposo, pero esta vez en la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema, donde solicitó un botón anti pánico, que Palavecino fuera echado del hogar y que le impidan que se acerque a ella y a sus hijos.
El expediente está iniciado por violencia familiar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 85 y otro penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 12, de la Ciudad de Buenos Aires.
La Defensoría General de la Nación (DGN) dio a conocer un informe sobre las denuncia de violencia que sufrió Olga durante todo el proceso judicial: “derechos fundamentales de la señora Díaz en tanto mujer víctima de violencia de género, quedando comprometido el deber estatal de actuar con debida diligencia reforzada frente a este tipo de casos”. Lo más importante es remarcar que el agresor fue informado “telefónicamente” y “sin disponerse resguardos suficientes para la denunciante”. Esas son formas de violar los derechos de la mujer.
Por otra parte, se fijó una “audiencia conjunta a la que ambas partes debían concurrir personalmente en contravención a lo dispuesto legalmente”. Cuando Olga no se presentó, dado que temía el encuentro con su agresor y no tenía patrocinio legal “el Juzgado no tomó ninguna medida, no se resolvió ninguna de las solicitudes que la señora Díaz realizó ante la Oficina de Violencia Doméstica y tampoco se averiguó el motivo de su inasistencia”, detalla el informe.
A su vez, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dijo “Se ha reconocido el derecho de una víctima que ha salvado su vida milagrosamente. Es una satisfacción moral que el Estado reconozca su responsabilidad. Estos casos pasan porque en el fondo todavía existe el prejuicio machista de que las mujeres mentimos. En la medida en que no se deconstruya esto que forma parte del imaginario popular, siempre vamos a encontrarnos con que las denuncias de las mujeres se minimizan”.
