La Justicia en Argentina dictó fallos recientes que responsabilizan a los bancos por fraudes electrónicos, estableciendo un precedente sobre la seguridad en los servicios financieros digitales. Las entidades fueron condenadas a devolver el dinero sustraído, indemnizar a las víctimas y reforzar sus sistemas de protección.
En un contexto de crecimiento de las estafas digitales, los tribunales comenzaron a reconocer que la responsabilidad no recae únicamente en los usuarios, sino también en las entidades bancarias. En este sentido, la Justicia resolvió que si existen fallas en los sistemas de seguridad o en la verificación de identidad, los bancos deben responder ante los fraudes cometidos contra sus clientes.
Uno de los casos más recientes tuvo lugar en enero de 2025 en la ciudad de Bariloche, donde una clienta del Banco Patagonia sufrió una estafa a través de phishing luego de publicar un sillón en venta en redes sociales. Los estafadores lograron obtener sus credenciales, vaciaron su cuenta y tramitaron un préstamo a su nombre. La víctima acudió a la Justicia, que determinó que el banco no implementó las medidas de seguridad adecuadas para impedir el fraude. En consecuencia, la entidad fue condenada a restituir el dinero sustraído, eliminar a la damnificada del registro de deudores del Banco Central y abonarle una compensación por daño moral. En el fallo, el juez sostuvo que “el banco no implementó las medidas de seguridad necesarias para resguardar a la clienta”.
Un mes después, en febrero de 2025, se conoció otro fallo relevante contra el Banco BBVA en la ciudad de La Plata. En este caso, una empresa denunció que sufrió una ciberestafa mediante 18 transferencias fraudulentas y la solicitud de un préstamo a su nombre sin su autorización. La Justicia determinó que hubo fallas en los controles de validación de identidad y ordenó al banco anular las operaciones irregulares, indemnizar a la empresa con una suma millonaria y pagar intereses adicionales por el perjuicio causado. En el fallo, el tribunal indicó que “la entidad incumplió su deber de seguridad y permitió operaciones que debieron ser bloqueadas”.
Estos no fueron los primeros antecedentes en Argentina. En los últimos años, se registraron casos similares en distintas entidades bancarias. En 2023, el Banco Santander fue condenado por otorgar un préstamo sin verificar correctamente la identidad del solicitante. En 2022, tanto el Banco Galicia como el Banco BBVA fueron responsabilizados por deficiencias en sus sistemas de control frente a ciberestafas, lo que facilitó fraudes contra sus clientes.
A su vez, la Justicia dictó otro fallo en 2025 que refuerza la tendencia a exigir mayor responsabilidad a las entidades bancarias. En este caso, una persona denunció un consumo indebido con su tarjeta Visa, pero ni el Banco BBVA ni la empresa Prisma procesaron su reclamo. Como resultado, ambas firmas fueron condenadas a indemnizar al usuario con $1.500.000 por negligencia y trato indigno. Sobre este fallo, el tribunal sostuvo que “las empresas priorizaron su propio interés en desmedro del cliente”.
En todos estos casos, la normativa vigente fue clave para las decisiones judiciales. En particular, se destacó la Comunicación “A” 7319 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), emitida en 2021, que establece la obligación de verificar la identidad antes de otorgar préstamos digitales. Esta disposición busca garantizar que las operaciones bancarias sean seguras y que los clientes estén protegidos ante eventuales fraudes.
Frente a este panorama, las recomendaciones para las personas que sean víctimas de estafas digitales incluyen conservar todas las pruebas sin borrar ninguna evidencia, realizar la denuncia en organismos oficiales, presentar un reclamo formal ante la entidad bancaria y, en caso de no obtener respuesta, buscar asesoramiento legal. Además, se sugiere informarse sobre los derechos del usuario y la normativa vigente en materia de ciberseguridad y protección financiera.
El avance de estos fallos demuestra que la Justicia comienza a marcar un camino en la protección de los clientes bancarios, exigiendo a las entidades que garanticen la seguridad de sus operaciones. Con cada nueva sentencia, se refuerza el criterio de que los bancos deben asumir un rol activo en la prevención del fraude y brindar soluciones efectivas a los damnificados.
