El tribunal cerró su supervisión del saneamiento del Riachuelo, tras considerar cumplido su rol en la estructuración de políticas públicas. La causa, iniciada en 2004, impulsó la creación de ACUMAR para continuar el proceso.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia decidió, de manera unánime, poner fin a su intervención en la causa “Mendoza”, que involucraba el monitoreo y supervisión de las obras de saneamiento del Riachuelo. La decisión llega tras dos décadas de litigio en las que se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a llevar adelante acciones concretas para recomponer el ambiente, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo y prevenir daños ambientales futuros.
El fallo destacó que la intervención del máximo tribunal cumplió su propósito de generar una “reforma estructural imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”. Ahora, la responsabilidad del seguimiento de las acciones recaerá en ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), sin perjuicio de que, ante eventuales incumplimientos, puedan iniciarse nuevos procesos judiciales.
La causa “Mendoza” tuvo su origen en julio de 2004, cuando un grupo de vecinos y trabajadores de Villa Inflamable, liderados por Beatriz Mendoza, presentó una demanda por daños a la comunidad y al ambiente. La demanda fue dirigida contra el Estado Nacional, el gobierno bonaerense, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas ubicadas en los alrededores de la cuenca Matanza-Riachuelo. Este proceso se convirtió en una de las “megacausas” más significativas en materia ambiental en Argentina.
En su fallo definitivo de 2008, la Corte Suprema condenó a las partes involucradas a cumplir con un “Plan Integral de Saneamiento Ambiental” (PISA). Este plan incluía, entre otras disposiciones, la limpieza de márgenes, tratamiento de residuos industriales, construcción de desagües pluviales, expansión de redes de agua potable y la relocalización de viviendas.
A lo largo de los años, el tribunal convocó a diversas audiencias públicas y requirió informes periódicos sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas. En abril de 2023, la Corte solicitó un último informe actualizado a ACUMAR y a los jueces encargados de ejecutar la sentencia, antes de tomar la decisión de cerrar el monitoreo judicial.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resaltó que, si bien la limpieza del Riachuelo avanzó considerablemente, se trata de un “proceso que nunca termina”. En este sentido, ACUMAR seguirá siendo la institución encargada de llevar adelante las acciones necesarias para completar el saneamiento de la cuenca, enmarcado en un proceso de largo plazo.
La Corte subrayó que, con la implementación del PISA, se logró la creación de las herramientas normativas e institucionales esenciales para encarar el problema. En palabras del tribunal: “La solución de este conflicto requiere una perspectiva que contemple todo un conjunto de intereses involucrados, y el PISA así lo demuestra. ACUMAR está ahora en condiciones de ejecutar la política pública que desarrolla el mandato constitucional de garantizar un ambiente sano y equilibrado”.
El fallo también abordó la cuestión de los daños morales colectivos sufridos por los vecinos de La Boca y otras zonas afectadas por la contaminación. Sin embargo, los magistrados consideraron que no era el momento adecuado para realizar esa evaluación. Esto dejó abierta la posibilidad de futuras acciones judiciales individuales o colectivas en busca de reparaciones.
Por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti, en un voto ampliado, delineó una serie de principios que deberían guiar los futuros conflictos relacionados con el Riachuelo y otras problemáticas ambientales. Entre ellos, destacó la necesidad de proteger los recursos naturales, especialmente el agua, y recalcó que “la protección del ambiente no implica frenar el progreso, sino hacerlo más duradero y sostenible, en beneficio de las generaciones futuras”.
El cierre de la intervención de la Corte Suprema en la causa “Mendoza” marca el fin de una etapa judicial crucial en el saneamiento del Riachuelo. Si bien los avances logrados son significativos, el proceso de remediación ambiental continuará bajo la supervisión de ACUMAR, con el desafío constante de prevenir daños futuros y garantizar un ambiente saludable para los millones de personas que viven en la cuenca.
