El Gobierno porteño pretende transformar el terreno que se encuentra entre las calles Bolivia, Obispo San Alberto y Franco, en el barrio de Villa Pueyrredón, en una playa de estacionamiento para autos en infracción.
El próximo 23 de octubre será la audiencia pública en la legislatura porteña, pero los vecinos aseguran que la utilización del terreno es ilegal.
La ley ya se aprobó en primera instancia y mediante el artículo Nº 6, se autoriza el uso como playa de estacionamiento de once predios por un plazo máximo de cinco años: en Estación Parque Chacarita, en Conesa, Obelisco Sur, Tacuarí, Quinquela Martín, Couture, Dávila, Cazadores-Artilleros, Pueyrredón (parcela entre Obispo San Alberto, Franco y Bolivia), Barragán y Rivadavia. Este proyecto de ley presentado por el Jefe de Gobierno porteño que modifica la Ley N° 5.728 y autoriza el uso de determinados predios de la Ciudad como playa para la remisión de vehículos acarreados.
Según la nueva legislación del “Código de Tránsito y Transporte” (Ley Nº 5.728), “la finalidad del proyecto es resaltar el espíritu con el que fue sancionada la ley, que las playas de remisión de vehículos en infracción son del dominio de la Ciudad. En tal sentido, la afectación de los predios por parte del GCABA es instrumental a la eficiente prestación del servicio público constituyendo una mera autorización a favor del concesionario para destino de los vehículos en infracción. Por lo tanto, los concesionarios no tendrán sobre los predios ningún tipo de derecho, privilegio o usufructo alguno y no podrán disponer de ellos ya que los mismos no forman parte de la concesión”.
Sin embargo, los vecinos del barrio porteño de Villa Pueyrredón rechazan la utilización ilegal del terreno público y exigen que se cumpla la ley. Denuncian que la construcción de una playa de acarreo en ese predio de más de 2600 metros cuadrados es inconstitucional. Sus argumentos radican en que el terreno pertenece a la nación y que a través de un convenio que se firmó en el año 2005 le sede el uso a la Ciudad con un destino específico: el de la edificación de viviendas y la ampliación de espacios verdes.
El 23 de octubre se definirá en audiencia pública este conflicto, donde vecinos y gobierno tendrán la palabra.
