La iniciativa presentada por un diputado oficialista porteño permitiría la edificación de viviendas multifamiliares en 12 de las 28 manzanas del denominado Bajo Belgrano, pero los vecinos se oponen con la leyenda “Basta de destruir nuestro barrio”.
Los carteles están colocados en la cerca gris de una casa de dos pisos con jardín frontal y ladrillo a la vista, en Mendoza 1164. La palabra “Basta” está escrita en rojo y es significativamente más grande que el resto de las letras que componen la proclama. La escena se repite en varias de las fachadas que componen el Bajo Belgrano, una zona residencial de la ciudad de Buenos Aires en la que predominan las casas amplias y con garaje y los espacios verdes. Sin embargo, unas cuantas construcciones en altura ya rompen la estética del barrio.
Bajo Belgrano se ubica dentro del barrio porteño de Belgrano y contiene a las manzanas del barrio homónimo que se encuentran entre las calles Monroe, Migueletes, La Pampa y la avenida Figueroa Alcorta.
Con un mensaje de freno a las grandes construcciones en altura, en la esquina de Figueroa Alcorta y Echeverría, un grupo de vecinos con pancartas, vuvuzelas y carteles reclamaron por el cambio, a último momento, de un proyecto de ley que pretendía proteger la identidad del Bajo Belgrano. “Creímos que a los funcionarios les importaba lo que pensábamos”, dijo Liliana Moles, presidenta de la Asociación de Vecinos del Bajo Belgrano (AVBB).
En este sentido, Moles, que vive en el barrio desde hace 25 años, dijo: “Construyen un edificio en un barrio de casas bajas y es como la mancha venenosa: cuando se instala, la casa de al lado se vende porque ya no es agradable vivir ahí, entonces en ese lugar se instala otro edificio. Y así sucesivamente, no se termina nunca”.
El conflicto inicia en el mes de diciembre del año 2020 cuando se aprobó la ley 6361, que modificó el Código Urbanístico. En esa sanción, se incluyeron tres artículos 127, 128 y 139 que modificaron las condiciones de construcción del perímetro denominado U23, que incluye el Bajo Belgrano.
Legalmente, la Constitución de la ciudad de Buenos Aires prioriza la participación ciudadana en las normas urbanísticas y ambientales, y creó el mecanismo de doble lectura con llamado a audiencia pública entre la primera votación y la sanción en segunda instancia para este tipo de leyes. Así lo estipulan los artículos 89 y 90 de la carta magna porteña.
La discusión entre vecinos y las autoridades comienza cuando se aprueban artículos que no estaban contemplados en el proyecto inicial. Si bien la ley 6361 cumplió en general con el procedimiento ordenado, los vecinos argumentan que los artículos 127, 128 y 139 son inconstitucionales porque fueron incorporados sobre tablas, durante la sesión, sin haberlos mencionado en el proyecto sancionado en primera lectura, ni en la audiencia pública ni en el dictamen de comisión para la segunda lectura.
Por su parte, Héctor Ponce de León, vecino del barrio y parte de la comisión directiva de la AVBB. “Hay un tema práctico: un pedido de inconstitucionalidad te puede llevar años, mientras tanto rige la ley 6361 y el barrio desaparece. Entonces, cuando evaluamos eso, decidimos ir directamente a hablar con el Poder Ejecutivo. Estuvimos meses hablando con los funcionarios y se avanzó en el 80% de lo que queríamos para modificar la 6361. Se trabajó ese proyecto en el primer dictamen, en la primera sanción y en la audiencia pública, pero cuando llegamos a la reunión de comisión que se celebró el miércoles [pasado] nos encontramos con un proyecto completamente diferente”.
Sin eufemismos, Moldes dijo: “Nos tomaron el pelo” y agregó “Decidimos conversar con los funcionarios y legisladores, y logramos que hicieran un proyecto de ley para subsanar lo sancionado en la ley 6361. Confiábamos en que las cosas que faltaban las íbamos a poder explicar y pedir en la reunión de comisión, pero eso nunca pasó porque cambiaron el texto de la iniciativa”.
Enrique Banfi, presidente de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano (ACVB), dijo: “No se está escuchando a los vecinos, sino que se nos está imponiendo. Están haciendo lo que quieren, no están actuando como representantes. Nos estamos convirtiendo en auditores de la administración pública. Sin embargo, con un Gobierno que no le importan las movilizaciones y que impone un modelo de ciudad, mucho no se puede hacer”.
