La Fiscalía PCyF N° 37, bajo la dirección de Valeria Lancman, llevó a cabo una inspección exhaustiva en un geriátrico localizado en la calle Terrada al 4000, descubriendo que este establecimiento, previamente clausurado en octubre de 2023, estaba infringiendo la medida de cierre impuesta.
En la diligencia participaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Promoción Social y Bienestar del GCBA, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI) y el Programa Proteger del Gobierno de la Ciudad.
Durante el procedimiento, se constató la existencia de historias clínicas desactualizadas y una falta de controles de patologías en los residentes. Además, se corroboró la insuficiencia de personal de enfermería y auxiliares, así como la carencia de la habilitación correspondiente para el funcionamiento del establecimiento.
De igual manera, se evidenció la ausencia de certificados de fumigación pertinentes, la caducidad de los documentos de limpieza del tanque de agua y la falta de acreditación del seguro de responsabilidad civil requerido. Se destacó también que, desde la clausura inicial, se registró el ingreso de tres nuevos residentes, mientras que seis fueron retirados.
Ante esta situación, se ha decidido reinstaurar la clausura administrativa y levantar actas por las irregularidades detectadas. Siguiendo la sugerencia de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos Privados, no se ha procedido al traslado de los residentes, sino que se realizará un seguimiento con los familiares para mantenerlos informados sobre la situación de clausura.
En este contexto, se destaca la importancia de la intervención judicial y administrativa para salvaguardar el bienestar y los derechos de los adultos mayores alojados en este tipo de establecimientos.
Además, resulta pertinente reflexionar sobre la necesidad de establecer mecanismos de control más efectivos y periódicos en los geriátricos, con el fin de prevenir situaciones de vulnerabilidad y garantizar condiciones óptimas de atención para quienes residen en ellos. Asimismo, es fundamental que tanto los organismos gubernamentales como la sociedad en su conjunto estén atentos y denuncien cualquier indicio de irregularidad en este tipo de instituciones, asegurando así la protección y el respeto de los derechos de las personas mayores.
Por su parte, las autoridades competentes deben continuar trabajando en el desarrollo de políticas y normativas que promuevan la transparencia y la calidad en la prestación de servicios geriátricos, con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y seguro para toda la población.
