Autoridades políticas y judiciales de todo el país se reunieron en la Facultad de Derecho de la UBA para el Primer Encuentro Federal sobre el tema, con el objetivo central de fortalecer la cooperación interjurisdiccional y garantizar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario a nivel nacional.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtió en el punto de encuentro para el Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, una cumbre liderada por el Ministerio de Justicia porteño que culminó con el compromiso de crear una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. La jornada, celebrada en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reunió a funcionarios políticos y judiciales provenientes de 16 provincias del país. El propósito central fue robustecer la cooperación y avanzar hacia un sistema federal más articulado que asegure el cumplimiento efectivo del derecho alimentario en todo el territorio.
La relevancia de este primer encuentro se debe al impacto directo que el incumplimiento de la cuota alimentaria tiene en el desarrollo y la calidad de vida de los menores de edad. En este sentido, el secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana, señaló que “el incumplimiento de la cuota alimentaria es una vulneración concreta de derechos que impacta en el desarrollo, la salud y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes”. La necesidad de una acción coordinada se ve reflejada en los datos presentados por María Emilia Sesin, secretaria a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su informe, presentado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sesin reveló que el 40% de las mujeres relevadas “sufrieron violencia económica patrimonial”. A su vez, Alejandra Beccaria, de UNICEF, aportó el dato de que «hay 1.700.000 hogares monoparentales liderados por mujeres, que tienen una tasa de pobreza infantil 10 puntos por encima del promedio de los hogares con niñas y niños”.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien subrayó la importancia de la colaboración. El funcionario resaltó: “Este encuentro es un gran paso para la cooperación federal, ya que nos permite fortalecer nuestras instituciones y de ese modo, beneficiar a más familias. Y se enmarca en las políticas de respeto por las normas que implementa el Gobierno de la Ciudad”. A su vez, asistieron a la jornada otras autoridades de la OVD, de UNICEF, de la Cámara Argentina de Comercio y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación de Juristas de Familia de la Argentina (AJUFRA).
Por su parte, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, presentó la Guía de Buenas Prácticas del Registro Público de Alimentantes Morosos. Este documento incorpora los resultados del trabajo realizado en CABA desde la modificación de la Ley 269, implementada a fines del año pasado. Entre los datos expuestos, se destacaron los más de 85 operativos llevados adelante en eventos masivos, como estadios de fútbol y recitales, que arrojaron restricciones aplicadas para 58 deudores inscriptos.
La jornada continuó con el desarrollo de tres mesas de debate que se centraron en los desafíos más importantes en materia alimentaria, la violencia económica y la gestión registral a nivel nacional. La primera de estas mesas abordó la legislación y los avances normativos sobre cuestiones alimentarias. En ella participaron la legisladora porteña María Inés Parry, Laura Bonhote, asesora tutelar de la Ciudad, Fernando Castelli por la provincia de Misiones, Agustín Ulanovsky, director del Registro de Deudores porteño, Natasha Steinberg, directora general de Derechos Humanos en la Ciudad, Nadia Planiscek, directora de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de Entre Ríos, y Débora Albohri Telias, profesora de Derecho de Familia de la UBA. La moderación estuvo a cargo de Daniel Mansilla, director de Vinculación con la Comunidad.
La segunda mesa de debate se enfocó en compartir políticas proactivas implementadas en diferentes jurisdicciones para mejorar el cobro alimentario. Participaron de esta instancia Tamara Quiroga, en representación de la Cámara Argentina de Comercio; Nancy Moreno, por el Gobierno de Córdoba; Carina Gómez, directora de Delegaciones del Registro Civil de Río Negro; Giannina Nediani, por Santiago del Estero; Juan Federico Palma, por el Gobierno de Corrientes; Jorge Mayorga, director de Registros Judiciales en Chubut, y Eliana Groisman, abogada y socia fundadora de AJUFRA. Adriana Romero moderó la discusión.
En último lugar, la tercera mesa debatió sobre los desafíos y las oportunidades en relación con la violencia económica y el derecho alimentario. El panel estuvo compuesto por Leticia Locio, directora de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires; Katherina Mazzuco, subsecretaría de Gobierno de Tucumán; Olga Amigot, jueza en Catamarca; María Eugenia Lago, quien presentó la Canasta de Crianza del Instituto de Estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Julieta Izcurdia por la organización ELA y Verónica Russo por el Instituto Superior de la Carrera. La moderación de este panel estuvo a cargo de Karen Lozzia, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Registro.
Además de los participantes ya mencionados, también asistieron funcionarios de las provincias de Santa Fe, Jujuy, Salta y La Pampa. Para formalizar el cierre de la jornada, César Torres y Virginia Fredes presentaron la declaración que oficializa la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. Este hito formaliza el compromiso de trabajar de manera coordinada y permanente entre las diferentes jurisdicciones del país. Las autoridades presentes se comprometieron de este modo a fomentar el intercambio de información, consolidar buenas prácticas, avanzar hacia criterios técnicos comunes y promover respuestas estatales más eficaces y articuladas frente al incumplimiento alimentario. Todas estas acciones se realizarán en estricta línea con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
