El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un fuerte endurecimiento de los controles sobre los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. A partir de ahora, quienes falsifiquen o adulteren la cartelería oficial podrán recibir importantes multas, la suspensión preventiva de la licencia de conducir y enfrentar una denuncia penal.

La decisión se tomó luego de detectar numerosas irregularidades durante los operativos de fiscalización. Según informaron las autoridades, en los primeros meses del año fueron retirados más de 400 carteles que ocupaban de manera ilegal lugares de estacionamiento exclusivo. Entre las anomalías encontradas había permisos vencidos, documentación adulterada e incluso reservas que continuaban a nombre de personas fallecidas.

Desde la Secretaría de Tránsito informaron que, cuando se detecte una señal irregular, será retirada de inmediato y se iniciarán las actuaciones correspondientes. En los casos en que existan indicios de falsificación, la situación será denunciada ante la Justicia, mientras que el conductor involucrado podrá quedar inhabilitado para conducir de manera preventiva hasta que se resuelva el caso.

Además de las sanciones administrativas y judiciales, los responsables deberán afrontar los costos del operativo de remoción de la cartelería y de la restitución de la señalización vial.

Las multas podrán alcanzar los 200 mil pesos para quienes utilicen certificados o credenciales de discapacidad falsos o no reglamentarios, mientras que la colocación o modificación de señales de tránsito sin autorización será sancionada con multas de hasta 100 mil pesos.

Las autoridades también confirmaron que enviarán un proyecto a la Legislatura para incorporar esta conducta al Código Contravencional y establecer penas específicas para quienes intenten obtener beneficios mediante la falsificación de carteles.

Antes de la aplicación plena de las medidas, habrá un plazo de 20 días para que quienes tengan permisos vencidos, datos desactualizados o cualquier otra irregularidad puedan regularizar su situación de manera voluntaria.

Con esta iniciativa, la Ciudad busca garantizar que los espacios reservados sean utilizados exclusivamente por las personas que realmente los necesitan y evitar el uso indebido del espacio público.